Paro nacional en Ecuador entra en su cuarta semana
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El paro nacional en Ecuador cumple 22 días y mantiene al país en un punto de tensión social, económica y política. La medida de eliminar el subsidio al diésel, adoptada por el Gobierno como parte de una estrategia para reducir el gasto público, ha provocado una ola de protestas encabezadas por movimientos indígenas, transportistas y campesinos que reclaman la revisión de la decisión.
Según el Ministerio de Economía, el subsidio al diésel representaba un gasto anual superior a 1.200 millones de dólares, y su eliminación busca “reorientar los recursos hacia programas sociales y productivos”. Sin embargo, los sectores movilizados advierten que la medida incrementó los costos de transporte, producción agrícola y alimentos, afectando directamente a la economía de las familias rurales.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) sostiene que la eliminación del subsidio “profundiza la desigualdad” y exige una compensación focalizada para los sectores más vulnerables. El Gobierno, en respuesta, ha reiterado su disposición a dialogar, aunque ha condicionado el acercamiento al levantamiento de los bloqueos en las principales vías.
Hasta la madrugada de este lunes, la Policía Nacional reportó 121 personas detenidas, entre ellas 11 menores de edad, durante los operativos en diferentes provincias. De ese total, 44 adultos y 5 menores se encuentran bajo medidas sustitutivas, mientras 24 personas permanecen en prisión preventiva y 37 fueron liberadas tras audiencia judicial, según el parte policial difundido por el Ministerio del Interior.
En cuanto al saldo de víctimas, organizaciones sociales y de derechos humanos confirmaron la muerte de Efraín Fuérez, dirigente indígena de 46 años, durante enfrentamientos en la provincia de Imbabura. Además, se registran al menos 92 personas heridas en distintos puntos del país, de acuerdo con datos recogidos por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador.
El Gobierno mantiene el estado de emergencia en diez provincias y el despliegue de más de seis mil efectivos policiales y militares para garantizar el tránsito y el abastecimiento. No obstante, los dirigentes del paro aseguran que las protestas continuarán hasta que exista una propuesta concreta para revisar el modelo de subsidios y sus impactos.
Analistas económicos estiman que las pérdidas acumuladas por las movilizaciones superan los 500 millones de dólares, principalmente en transporte, exportaciones y comercio interno. A su vez, advierten que revertir la medida significaría un retroceso fiscal y podría afectar los compromisos del país con organismos multilaterales.
Mientras tanto, la población permanece dividida. Un sector respalda la decisión gubernamental por considerarla necesaria para estabilizar las cuentas públicas; otro la cuestiona por su impacto social. La búsqueda de un equilibrio entre sostenibilidad económica y justicia social continúa siendo el mayor desafío del Estado ecuatoriano en medio de un escenario que aún no encuentra salida.
