Comunidades denuncian represión en Imbabura mientras continúan los cierres por el paro nacional

Las carreteras del norte del país siguen bloqueadas tras 23 días de movilizaciones. En la provincia de Imbabura, siete tramos estratégicos permanecen cerrados, según el último reporte del ECU 911, lo que ha convertido a la zona en el principal epicentro del paro nacional.

El bloqueo de la Panamericana Norte, a la altura del peaje de San Roque, y de las vías hacia Otavalo, Cotacachi y Antonio Ante, mantiene interrumpido el paso de vehículos pesados y de transporte público. Mientras el Gobierno insiste en que los operativos de las Fuerzas Armadas buscan garantizar el abastecimiento, las comunidades denuncian excesos en el uso de la fuerza y una respuesta estatal que prioriza el control antes que el diálogo.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador alertó sobre la “represión sostenida en zonas rurales” y pidió que se garantice el derecho a la protesta pacífica. Hasta el momento se reportan 92 personas heridas, más de 120 detenidas y la muerte de Efraín Fuérez, dirigente indígena de 46 años, durante un enfrentamiento en la provincia.

Dirigentes de la Conaie aseguran que los bloqueos continuarán hasta que exista una propuesta formal de compensación por la eliminación del subsidio al diésel. “No se trata solo del combustible, sino de la supervivencia del campo. Cada dólar de más encarece el transporte, los alimentos y la vida”, señaló uno de los representantes de la organización en Cotacachi.

Del otro lado, el Ministerio de Gobierno indicó que las fuerzas de seguridad están actuando bajo protocolos y que el despliegue tiene como objetivo “proteger el derecho de la ciudadanía al acceso a alimentos y medicinas”. El Ejecutivo ha reiterado su disposición a dialogar, aunque sin precisar una fecha concreta para el encuentro con los dirigentes.

El paro ha generado pérdidas económicas superiores a 500 millones de dólares, pero también ha visibilizado las demandas históricas de sectores rurales que, más allá de los reclamos inmediatos, piden reformas estructurales en el sistema productivo y fiscal.
Mientras la tensión se mantiene, organismos internacionales de derechos humanos observan el desarrollo del conflicto y llaman a ambas partes a resolver las diferencias sin violencia, en un país donde el diálogo aún parece una meta pendiente.